La capacidad institucional del Estado colombiano para atender a niñas, niños y adolescentes, víctimas de delitos sexuales, evidencia una brecha estructural preocupante. Mientras Medicina Legal reportó 16.533 exámenes médico-legales por presunto delito sexual contra menores de 18 años durante 2025, la Fiscalía General de la Nación reconoce que el país cuenta únicamente con 27 cámaras Gesell, espacios especializados para realizar entrevistas forenses sin revictimizar a las víctimas.

En los dos primeros meses de 2026 se reportaron 2.051 casos, lo que evidencia la persistencia de este delito y la presión creciente sobre el sistema judicial y de atención a víctimas.

Las cámaras Gesell existentes están ubicadas en las ciudades de Arauca, Armenia, Barranquilla, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Cartago, Palmira, Cúcuta, Florencia, Fusagasugá, Soacha, Ibagué, Leticia, Manizales, Medellín, Montería, Neiva, Pasto, Popayán, Riohacha, San Andrés, Santa Marta, Sincelejo, Valledupar, Quibdó y Zipaquirá, lo que demuestra una cobertura limitada frente a la dimensión territorial del país y al número de casos.

La Fiscalía también señala la existencia de espacios físicos acondicionados para entrevistas forenses en ciudades como Bogotá, Pereira, Villavicencio, Chía, Itagüí, Duitama o San José del Guaviare, entre otros, los cuales funcionan como alternativa, aunque no sustituyen plenamente las condiciones técnicas y metodológicas de una cámara Gesell.

La Ley 1652 de 2013 establece que la entrevista forense a menores víctimas de delitos sexuales debe realizarse en una cámara Gesell o en un espacio adecuado que garantice condiciones técnicas y psicológicas apropiadas, lo que no se cumple en muchos lugares del país donde se registran denuncias del delito.

El periodista, escritor e investigador social Yeiver Rivera, autor del libro Inocencia robada, abuso sexual en la infancia advierte que la disponibilidad de estos espacios no es un asunto meramente técnico, sino un indicador de la prioridad real que el Estado otorga a la protección de la niñez frente a delitos de alto impacto.

En ese sentido plantea que la niñez es la gran ausente en la agenda presidencial no solo actual, sino futura.

Rivera sostiene que la respuesta institucional no solo es insuficiente en infraestructura, sino también en voluntad política. A su juicio, la protección de la niñez debería ser un eje estructural en la agenda de los candidatos a la Presidencia de la República, especialmente ante el crecimiento sostenido de las cifras de violencia sexual contra menores.

El autor sostiene que históricamente los temas relacionados con infancia no ocupan un lugar prioritario en el debate electoral, debido a que no generan presión política inmediata ni representan un segmento del electorado.

En sus palabras, “los niños no votan, no financian campañas ni inciden en encuestas, y por eso muchas veces no son una prioridad en la agenda política. Sin embargo, un país que no protege a sus niños está comprometiendo su propio futuro. La niñez no puede depender de la sensibilidad individual de cada gobierno, sino de una política de Estado que garantice prevención, atención oportuna y acceso efectivo a la justicia”.

Desde esta perspectiva, la limitada cantidad de cámaras Gesell y la insuficiencia de equipos interdisciplinarios reflejan no solo una restricción presupuestal, sino una ausencia de enfoque estratégico en la formulación de políticas públicas dirigidas a la protección integral de niñas, niños y adolescentes.

La prevención un eje pendiente

En Inocencia robada, Rivera enfatiza que el enfoque estatal ha estado concentrado principalmente en la reacción institucional después de ocurrido el delito, mientras la prevención sigue siendo un componente débil en la política pública.

Señala que la prevención del delito sexual infantil requiere programas permanentes en entornos educativos, familiares y digitales, así como mecanismos de detección temprana que permitan identificar factores de riesgo antes de que ocurran las agresiones.

La evidencia demuestra que el delito sexual contra menores presenta altos niveles de subregistro, lo que implica que las cifras oficiales representan solo una parte del problema. En este contexto, la ausencia de estrategias integrales sostenidas contribuye a perpetuar ciclos de violencia y vulnerabilidad.

Rivera concluye que la discusión sobre la protección de la niñez debe trascender el ámbito judicial y convertirse en una prioridad estructural del Estado. “La lucha contra la violencia sexual no comienza en los juzgados, comienza en la prevención, en la educación y en la decisión política de proteger a quienes no tienen voz en el debate electoral, pero sí derecho a una vida libre de violencia”.