La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), accedió a la petición de la Aeronáutica Civil, de permitir la operación de 24 horas de la segunda pista del aeropuerto El Dorado de Bogotá.

En 2011 el entonces director de la Aeronáutica, Santiago Castro, pidió que levantaran la restricción de operación de la pista, y después de 4 años, se autorizaron operaciones nocturnas, con algunas condiciones: no se podrá hacer pesaje de los aviones en las noches, las pruebas de motor se harán en recinto cerrado, y el despegue y el aterrizaje se harán en un solo sentido: oriente-occidente, sin sobrevolar la ciudad.

Los habitantes de las localidades de Engativá y Fontibón, aunque reciben de buena manera las condiciones de operación de la segunda pista, muestran gran preocupación, ya que no se reduce el riesgo en el que se encuentran, porque el despegue de las aeronaves es la mayor fuente de contaminación auditiva. Dicen, que la ANLA los condenó a perder parte de su sueño.

En el año 2004, un estudio de la Universidad de Antioquia, encontró niveles de ruidos superiores a 100dB en sectores de Fontibón. La Secretaría Distrital de Ambiente emitió una resolución en el 2010 estableciendo los niveles máximos en una zona residencial en 45dB de noche y 55dB de día. El Informe de Gestión y Mitigación de Ruido (Mayo 2014) que el MICI comisionó menciona que “la situación de ruido en El Dorado es preocupante para todas las partes, y los residentes están sujetos a impactos de ruido por encima de los niveles normalmente permisibles en forma regular.”

El representante a la Cámara Raúl Asprilla, que ha acompañado los vecinos afectados, dijo que la resolución carece de motivación y estaría cerca del peculado, ya que las autoridades no tienen en cuenta los reclamos de la gente ni el proceso que avanza por el incumplimiento de la Aerocivil.

Los residentes tramitan un recurso de reposición frente a la decisión de la ANLA. Sin embargo, no le ven mucho futuro, debido a que lo debe revisar el propio director general de la Autoridad Ambiental, Fernando Iregui Mejía, quien fue el mismo que autorizó la modificación. En tres semanas esa resolución estaría en firme.