La ministra de Educación Yaneth Giha Tovar, firmó la Resolución 5274 que reglamenta el reconocimiento oficial de los intérpretes de lengua de señas colombiana y que tiene entre sus objetivos optimizar la calidad de la educación para los estudiantes sordos en el país.

La creación de un registro nacional de intérpretes de lengua de señas colombiana y la obligatoriedad de una evaluación para quienes se desempeñan en esa ocupación, son algunas de las disposiciones que comenzaron a regir desde el pasado martes, para mejorar la educación inclusiva de personas con discapacidad auditiva.

Según la Resolución, quien esté interesado en obtener este reconocimiento oficial deberá radicar una solicitud ante el Ministerio de Educación. Esta deberá tener como anexos copias del documento de identidad y del título académico de pregrado (técnico, tecnológico o profesional) de un programa relacionado con la interpretación de la lengua de señas colombiana-español.

Quienes se desempeñan como intérpretes y no poseen título académico, deben ser evaluados con una prueba aplicada por el Instituto Nacional para Sordos (Insor) -entidad adscrita al Ministerio de Educación-. La misma obligación aplica para las personas que ejercieron esa ocupación hasta 2005 y no hayan recibido formación profesional en el área.

«Hoy no podemos saber qué intérprete es de calidad y cuál no, y este es uno de los factores que está afectando la calidad de la educación de los más de 7.000 estudiantes sordos que se encuentran en los colegios públicos del país. Con esta Resolución buscamos mejorar la calidad en la interpretación de esa lengua, para que estos estudiantes tengan mejores procesos de aprendizaje», dijo la Ministra.

Con el registro nacional, que será administrado también por el Insor, se busca permitir la contratación más ágil y con criterios claros de los intérpretes y hacer un seguimiento más estricto del cumplimiento de las normas de ética. Igualmente, será una base para entidades estatales de los sectores justicia y comunicaciones, entre otras, que por ley deben hacer accesibles sus servicios a la población con discapacidad auditiva del país, unas 560 mil personas.

Paralelo a la expedición de la Resolución, el Sena y el Insor se encuentran construyendo un programa de formación tecnológico en interpretación de lengua de señas colombiana-español y, además, están formulando un código de ética, proceso en el que participan otras instituciones.