Con la mega alianza público-privada que se ha acordado, se atacará duramente la cadena delictiva del robo de celulares, que afecta dramáticamente a los habitantes del Distrito Capital.

Esta alianza está conformada por la administración de la ciudad, a través Secretaría Distrital de Gobierno; el Gobierno Nacional, encabezado por la Alta Consejería para la Seguridad Ciudadana (de la Presidencia de la República), la Fiscalía, la Comisión de Regulación de las Comunicaciones, y la Sijín; la Policía Metropolitana de la ciudad; los operadores de telefonía móvil, (Tigo, Claro, Movistar); la Cámara Colombiana de Informática, y representantes de control social (asociación de usuarios que atiende los requerimientos de los ciudadanos).

“Le estamos declarando la guerra a las bandas delincuenciales vinculadas al robo y la comercialización de celulares en Bogotá, para lo cual hemos puesto en marcha el Colectivo de Responsabilidad Pública frente al hurto de celulares, en el que todos aportaremos para hacerle frente a este flagelo que, en los últimos 3 años ha cobrado la vida de 19 ciudadanos bogotanos”, señaló Hugo Ernesto Zárrate, Secretario Distrital de Gobierno.

Agregó Zárrate que con este colectivo se construirán alternativas de solución conjunta, pues uno de los pilares de Bogotá es que todos los ciudadanos participen en la solución de sus problemas.

En esta primera reunión del colectivo, que en adelante se congregará el primer lunes de cada mes y donde se analizará la problemática del hurto de celulares y se tomarán decisiones en materia de política pública, se acordaron varios puntos para el desarrollo de un trabajo coordinado entre las autoridades nacionales y distritales y las organizaciones particulares, tales como:

-Reglamentar, por primera vez en el país, los negocios o talleres de reparación de celulares, a fin de atacar el delito del remarcado del IMEI (código de identificación) de los celulares.

-Controlar y/o bloquear los containers (depósitos para el transporte de mercancías) con celulares robados, que salen a Ecuador y Venezuela, principalmente.

-Reglar, por parte de la DIAN, la importación y exportación de celulares.

-Establecer incentivos, por parte de los operadores de telefonía, a los usuarios que demuestren que presentaron la respectiva denuncia judicial.

-Impulsar en los operadores y las transnacionales fabricantes de celulares la corresponsabilidad social, incorporando, de ser posible, en los aparatos un aplicativo que deje inservibles los celulares robados.

-Profundizar los operativos policiales en las intersecciones y localidades donde se registran el mayor número de delitos (Kennedy, Mártires, Chapinero, Suba, Santa Fe, Engativá).

-Estimular la participación activa de todos los actores que hacen parte del colectivo, a fin de garantizar una mejor calidad de vida y seguridad de los ciudadanos.