El procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, formuló algunas recomendaciones al presidente de la República, Juan Manuel Santos Calderón, para que en el marco del actual proceso de paz con las Farc y de los que eventualmente se adelanten en el futuro con otras organizaciones al margen de la ley, se aborde la problemática de la victimización de los niños en el contexto del conflicto armado interno y se prioricen acciones, estrategias y políticas integrales para la protección efectiva de sus derechos.

En comunicación dirigida al primer mandatario de los colombianos, el jefe del Ministerio Público citó, entre otros, el informe titulado “Los niños y los conflictos armados” presentado en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas el pasado 15 de mayo, según el cual las políticas y estrategias adoptadas por el Estado colombiano no han sido efectivas para monitorear la situación de los niños víctimas del conflicto armado, ni para incidir en la garantía de sus derechos.

Recordó en este sentido que la acción o la omisión del Estado en la protección de los derechos fundamentales de los niños pueden acarrear responsabilidades ante instancias internacionales, y puso de manifiesto que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ha estrechado su relación con la Corte Penal Internacional como parte de la estrategia de supervisión que le compete.

Decálogo de recomendaciones

En términos generales, los aspectos señalados por el jefe del Ministerio Público están relacionados con:

* La incorporación de la problemática de la victimización de los niños en el conflicto en el Acuerdo General de La Habana y en los pactos que eventualmente se suscriban entre el Gobierno Nacional y las Farc.

* La evaluación del impacto de las políticas y planes de acción acogidos por la Comisión Intersectorial para la prevención del reclutamiento, de la utilización y de la violencia sexual contra niños por grupos organizados al margen de la ley y grupos delictivos organizados.

* La adopción de medidas urgentes, especiales y estructurales a favor de los niños víctimas en el contexto del conflicto armado, que permitan la protección integral de sus derechos, así como la recomposición de sus familias desestructuradas y golpeadas por la violencia.

* La revisión y ajuste de los planes de acción existentes, en especial el Plan Integral para la Promoción de Niños y Adolescentes con Oportunidades (PIP).

* La articulación de las políticas y proyectos a favor de los niños víctimas del conflicto armado con los gobiernos de las entidades territoriales.

* La garantía de la no repetición de graves violaciones a los Derechos Humanos de los niños en el contexto del conflicto armado interno.

* El cumplimiento de lo establecido en el Código de la Infancia y la Adolescencia y en la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, para proteger efectivamente los derechos de los menores de edad.

* La previsión de que los planes y programas del Gobierno Nacional y de los entes territoriales en materia de prevención y atención de esta problemática se estructuren con base en documentación confiable que abarque todo el territorio nacional.

* La investigación integral, así como la sanción de los perpetradores, facilitadores o encubridores de graves violaciones a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario contra niños y niñas.

* Las directrices al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y a las demás entidades y autoridades que integran el Sistema de Bienestar Familiar para que no retarden, bajo ningún pretexto, la protección de los derechos de la infancia y la adolescencia.

El procurador Ordóñez Maldonado anunció que hará un llamado a los organismos internacionales y a las organizaciones no gubernamentales para aunar los esfuerzos necesarios con el fin de dar respuesta de manera integral, no solo a las recomendaciones de Naciones Unidas y del Sistema Interamericano, sino a los niños que han sido reclutados y utilizados por organizaciones delictivas y han sido víctimas de la violencia sexual en el marco del conflicto armado interno.