Son muchas las voces que se empiezan a escuchar pidiendo al Alcalde de Bogotá Samuel Moreno Rojas la suspensión o aplazamiento del SITP. Algunos de ellos son los programas Bogotá Cómo Vamos y Transparencia por Colombia, quienes piden que aplace la licitación pública que adjudicará los contratos de operación del Sistema Integrado de Transporte Público  en 13 zonas de la ciudad, hasta que no se de una amplia discusión sobre los impactos de este proyecto en la movilidad de la ciudad.   

Según sus directores, aún no existe ningún mecanismo que permita a la administración distrital recuperar los más de 25 mil millones de pesos que el gremio transportador le debe a la ciudad por concepto del factor de calidad, ni para cobrar varios miles de millones más por concepto de multas impuestas a los conductores. “La señal que envía la estructuración del SITP es de ‘borrón y cuenta nueva’ para los transportadores, lo que genera un detrimento patrimonial para la ciudad”, aseguró Carlos Córdoba del programa BCV.

Por otro lado, se ve con preocupación que el modelo de contrato entre Transmilenio y el concesionario del SITP otorga derechos muy particulares a este último, como por ejemplo, proponer nuevas rutas y servicios en la zona concesionada así como modificaciones a los manuales de Transmilenio.   El concesionario también tiene el derecho de proponer a Transmilenio la explotación de cualquier negocio colateral al SITP, incluida la publicidad. Con este tipo de cláusulas, según Córdoba, “se evidencian posibles ‘micos’ jurídicos que hacen perder autoridad e independencia al ente gestor”.

Las alertas

Por su parte la Representante a la Cámara por Bogotá, Gloria Stella Díaz, denunció que entrar en el jugoso negocio del servicio público de transporte bajo el nuevo esquema, requiere de un patrimonio, experiencia y capital de trabajo que van desde los 46 mil 855 millones de pesos hasta los 298 mil 800 millones. Tan sólo 5  empresas pueden demostrar ésta experiencia, con lo que resulta,  un claro oligopolio.

Según la Representante, los pequeños  propietarios de buses, busetas, busetones y microbuses serán excluidos del negocio. Solamente tendrán la opción de sumarse a grandes capitales extranjeros y ni aun en esas circunstancias podría asegurarse su participación.

Más del 50 por ciento de los conductores de  servicio público actuales serán excluidos de la actividad, a partir del 2011, cuando entre en operación el Sistema Integrado de Transporte Público, SITP. Aumentando de esta manera la crisis social y la incertidumbre económica.

Reveló la congresista que el pliego no contiene reglas claras en materia de financiación y queda en duda  que llegue a existir capital y flujos de caja suficientes porque no garantiza la viabilidad de todo el proceso contemplado a 24 años.

Gloria Stella Díaz, citante al debate en la Comisión Cuarta,  aclaró que el diseño del SITP,  no cuenta con la articulación de las instancias de la administración distrital, tales como las secretarias de Planeación, Hábitat, y la Empresa de Renovación Urbana.

Asimismo, la representante a la Cámara señaló que las 13 zonas en las que se dividiría el transporte urbano no están estructuradas con  avenidas vitales para la ciudad como son la Avenida Boyacá y la Avenida de Ciudad de Cali.