Con 13 votos a favor en la comisión de gobierno del Concejo de Bogotá, fue aprobado, en primer debate, un Proyecto de Acuerdo que reforma el Código de Policía y Convivencia Ciudadana de Bogotá e impone medidas correctivas a todas aquellas personas que reporten falsas llamadas de emergencias, urgencias o que no se adecúen al propósito para lo que fue creado el Sistema de Número Único de Seguridad y Emergencias NUSE 123.

Adicionalmente, se exigirá respeto y buen trato al operador de estas líneas. Esta iniciativa es de autoría del concejal Armando Gutiérrez González del Partido Liberal Colombiano.

De esta forma, las personas se deberán abstener de realizar llamadas reportando falsas situaciones de emergencias, urgencias o que no obedezcan al propósito para los que fueron creadas tales líneas.

De acuerdo a cifras presentadas por el NUSE a principios de este año, a lo largo del 2014, se recibieron más de un millón cuatrocientas mil llamadas para hacer bromas y otras 79 mil fueron para ofender a los operadores; de un total de más de 24 millones de llamadas durante el año anterior.

Para el concejal Gutiérrez González, lo que se pretende es optimizar el funcionamiento de las líneas de emergencia de toda la ciudad para permitir su funcionamiento adecuado ante situaciones de riesgo y auxilio.

Diariamente estas líneas atienden llamadas de entidades como el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático – IDIGER, el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias – CRUE, el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, la Secretaría de Movilidad y por supuesto la Policía Metropolitana”.

Esta problemática despierta un elevado grado de sensibilidad y preocupación, tanto que el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Defensa, ha incluido este tema en una iniciativa legislativa, bajo el Proyecto de Ley Número 099 de 2014 “Por el cual se expide el Código Nacional de Policía y Convivencia” (Senado).

Incumplir estas disposiciones dará lugar a las medidas correctivas contenidas en el Código de Policía de Bogotá, tales como: trabajos  en obras de interés público, e incluso, hasta sanciones pecuniarias, estas últimas una vez sean aprobadas por la reforma al Código Nacional de Policía.