El espacio público en algunos sectores de la capital tiene dueño y cobran por usufructuarlo. El concejal José David Castellanos denunció que existen mafias que cobran desde $50 mil hasta los $5 millones de pesos a los vendedores ambulantes que quieran trabajar en esos sitios.

Esta problemática se volvió a tocar en el Concejo de Bogotá, y que además tuvo como citantes a Yefer Vega y César García, también concejales, quienes presentaron pruebas audiovisuales y fotográficas sobre cómo la invasión del espacio público no sólo proviene de vendedores informales sino también de locales comerciales que extienden su zona de operación en andenes e incluso empresas multinacionales que también operan promocionando sus servicios en zonas que no corresponde.

«El reto de la presente Administración es colosal. La institucionalidad no funciona, urge un combate serio contra mafias de espacio público» aseguró Castellanos advirtiendo que existe una desarticulación y desconocimiento de Alcaldías Locales con respecto a su papel en la problemática.

Casos puntuales también denunció el concejal Castellanos como por ejemplo la existencia una ‘franquicia’ de comidas rápidas llamada «Cocheros» cuyos dueños cobran $26 millones por usar sus coches en calle.

Así mismo existen empresas privadas de telecomunicaciones como Movistar, Claro Colombia, Tigo y Directv Colombia, que se apropian ilegalmente del espacio público, en donde promocionan sus servicios sin quién les haga siquiera un llamado de atención, aprovechando además que su fuerza laboral son personas en condición de vulnerabilidad que no tienen ninguna garantía laboral.

A su turno, el concejal Yefer Vega, planteó su debate con el antagonismo existente entre espacio público invadido vs. capacidad institucional. «Hago un llamado a la conciencia sobre el gran problema que se tiene y las mínimas soluciones que se aportan» expresó tajantemente Vega sobre el panorama que se observa en la ciudad.

Frente al panorama, Yefer Vega lanzó una propuesta en la que aseguró que «es preciso transformar o que desaparezca el Instituto para la Economía Social, IPES, o la Defensoría del Espacio Público, DADEP. Estas entidades se pueden convertir en empresas industriales y comerciales del estado para que sean viables», señaló.

Edilesa de Puente Aranda cobra por utilizar espacio público

El concejal David Castellanos volvió a hablar de una situación complicada que involucra a la señora Gloria Hernández y a su hija, quienes cobran dinero a los comerciantes por ofertar sus productos en temporada de fin de año, en un espacio donde cada quiosco cuesta entre 2 y 3 millones de pesos de arriendo. La investigación actualmente la adelanta la Personería Distrital.