La situación actual del río Bogotá es el resultado del abandono administrativo y la falta de control ambiental de varios alcaldes, ha expresado el concejal Julio César Acosta, quien recordó que al año se descargan en el río 165.525 toneladas de materia orgánica, de las cuales el 90% es de vertimientos de residuos domésticos y 10% de vertimientos industriales, como principales agentes contaminantes.

“Pese a una falta de pedagogía frente al tema, se evidencia una ineficiencia administrativa en términos de control, prueba de ello es que durante el mes de agosto de 2014 no se realizó control ambiental a los ríos urbanos de Bogotá. Esta afirmación se da, debido a que la entidad competente, Secretaria Distrital de Medio Ambiente no cuenta con el personal suficiente para ello; en julio pasado se redujeron en más del 80% los encargados de ejercer dicha labor”.

El señor Acosta expresó que la recuperación del río Bogotá y de los ríos urbanos está cada vez más lejos y no por falta de recursos o herramientas legales, sino por la incapacidad en aplicarlas para ejercer el control ambiental. A su juicio la Secretaría del Medio Ambiente no desempeña correctamente sus principales funciones, así las cosas:

1. La exigencia del registro único para establecimientos que tienen vertimientos de agua no se cumple, dificultando la toma de decisiones debido a que la información registrada no obedece a la realidad. Según la Contraloría Distrital, más del 87% de los establecimientos industriales no están registrados y más del 61% de los hospitalarios y públicos se encuentran en la misma situación.

2. El trámite para otorgar los permisos de vertimientos tardan más de un año, lo que fomenta la ilegalidad y la corrupción. Actualmente más del 80% de los establecimientos que requieren permiso no la han tramitado.

3. Los procesos de sanción pueden durar más de tres años, así los controles llegan tarde, cuando el daño ya se ha generado, demostrando que no hay políticas de eficiencia en la Secretaría del Medio Ambiente;

4. Los procesos de seguimiento son precarios o no se realizan, dejando a la deriva el control posterior a la expedición de los mismos. El costo de este proceso le corresponde a los establecimientos, luego es una fuente importante de financiamiento para ejercer el control adecuado.

De continuar lo problemas mencionados, de nada sirve invertir grandes sumas de dinero en descontaminar el rio Bogotá. Un ejemplo de esto es la PTAR Salitre (Planta de Tratamiento de Aguas Residuales), con cerca de un billón de pesos en inversiones y sin resultados a la vista. Para su construcción se destinaron 127 millones de dólares y aun así se estima que la segunda fase podría llegar a costar $335 millones de dólares con sus costos de operación anual superan los 20 mil millones de pesos y una capacidad operativa al 50%, pudiéndose entender como un posible detrimento patrimonial para la ciudad.

“Mientras no exista una política de control ambiental se seguirán despilfarrando cifras millonarias que terminarán en la basura y con un caudal más contaminado. La problemática del río Bogotá hay que analizarla desde una visión de ecosistema, con eficiencia administrativa y compromiso, no de composición política, por demás negativa para el medio ambiente de la ciudad”, finalizó el concejal.