La Procuraduría General de la Nación, a través de la Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios, instó al Alcalde Mayor de Bogotá y al Gobernador de Cundinamarca, a construir una política pública distrital y departamental en materia de disposición de escombros, que contribuya al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de esta región del país.

En comunicación dirigida por el procurador delegado a los mandatarios distrital y departamental, se plantearon las principales conclusiones de una evaluación adelantada por este organismo de control sobre el manejo de los escombros y residuos mixtos en la ciudad de Bogotá y en los municipios aledaños, entre las cuales se pueden destacar:

Un serio impacto ambiental producido por el manejo inadecuado en la disposición final de los escombros, así como de los residuos mixtos, debido a que un porcentaje importante de estos están siendo depositados en ecosistemas estratégicos como humedales y zonas amortiguadoras. Tal es el caso del humedal de Torca-Guaymaral, donde la CAR ha venido adelantando diferentes procesos sancionatorios, sin lograr ningún resultado eficaz.

No existen suficientes sitios adecuados, ni ubicados de manera estratégica para la disposición de escombros en la ciudad y los generadores acuden a diferentes alternativas presuntamente ilegales para esta actividad.

La CAR ha detectado la presencia de 94 sitios de disposición ilegal de escombros en Bogotá y en el municipio de La Calera, ubicadas así:

Localidad de Usaquén:  5
Localidad de Ciudad Bolívar:  4
Localidad de Bosa:  5
Localidad de Usme:  10
Cerros Orientales: 10
Localidad de Suba:  28
Canal Cundinamarca (Occ):   1
Guaymaral:  3
Calle 80:  1
Localidad de Chapinero:  4
Localidad de Kennedy:  4
Floresta de la Sabana:  1
Municipio de La Calera: 18

Los operadores de aseo no cumplen con las condiciones establecidas por el contrato y su reglamentación sobre los residuos mixtos domiciliarios (compuestos por escombros y otros), como es el caso de la sensibilización y educación a la ciudadanía sobre el manejo de los mismos y los tiempos de recolección.

No es clara la competencia referente al seguimiento y control de los diferentes generadores de escombros y residuos mixtos, ya que no existe una medida que marque una diferencia entre domiciliario, pequeño y gran generador.

Existe una falta de coordinación y cooperación entre las diferentes entidades y autoridades distritales como la UAESP, el IDU, la Secretaría Distrital de Ambiente, las curadurías, la Secretaría Distrital de Planeación, las alcaldías locales y la Policía Ambiental; así como también una falta de comunicación entre estas autoridades, la CAR como autoridad ambiental regional y los entes territoriales circunvecinos.

Estas y otras conclusiones de la evaluación adelantada por la Procuraduría en la materia, fueron presentadas a consideración de los citados mandatarios con el ánimo de contribuir a la construcción de una política pública distrital y departamental que ponga fin a la inadecuada disposición de los escombros y residuos mixtos, que a la fecha ha generado una problemática de gran incidencia ambiental y social.