La Procuraduría General de la Nación solicitó al Tribunal Administrativo de Cundinamarca aclarar cuál fue el régimen jurídico que sirvió de base para la adopción de medidas cautelares sobre la reserva forestal Thomas Van Der Hammen, que permite su urbanización.

El órgano de control indagó si las órdenes fijadas en el auto del 10 de octubre de 2018, fueron decretadas con fundamento en la Ley 472 de 1998 o en la 1437 de 2011, teniendo en cuenta que los recursos legalmente procedentes varían según se trate de uno u otro esquema procesal, así como también los tiempos en que deben resolverse.

En segundo lugar, pidió precisar si se tuvo en cuenta el Decreto 270 de 2017, que establece en cabeza de las autoridades del orden nacional, la regulación de los plazos y el procedimiento para la publicación de los proyectos de actos administrativos, que contengan decisiones generales que afecten a la comunidad.

En cumplimiento de esta norma, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) fijó un término de 10 días para publicar sus proyectos en la página web, con el objeto de recibir opiniones, sugerencias o propuestas alternativas, permitiendo la participación de los grupos interesados y demás ciudadanos, en la elaboración de las normas de carácter regulatorio que los pueda afectar directa o indirectamente.

La Procuraduría solicitó aclarar en qué consiste la urgencia o inminencia de las medidas cautelares decretadas, dado que la decisión solo se fundamenta en aspectos de necesidad y conveniencia.