En octubre de 2016 y en último debate se aprobó la ley que eliminaba el cargo por reconexión y reinstalación en los servicios públicos domiciliarios (agua, luz y electricidad) de inmuebles residenciales en los estratos 1, 2 y 3, de autoría del senador liberal Lidio García Turbay, y cuya votación tuvo un respaldo mayoritario en el Congreso de la República.

La aprobación en la Cámara de Representantes fue amplia y el proyecto cumplió positivamente todos los trámites legislativos, y faltaba la sanción presidencial, sin embargo, el presidente Juan Manuel Santos objetó la ley al considerarla inconstitucional y resaltó que los deudores morosos están en la obligación de ponerse al día y si se aprueba esta ley sería “premiar” a las personas que no pagan a tiempo.

El presidente Santos afirmó que “la exoneración del pago por concepto de reconexión y de reinstalación vulnera el principio de solidaridad, pues constituye un factor de inequidad en el reparto de las cargas públicas, en detrimento de las personas que asumen oportunamente sus obligaciones, incluidas las de menos ingresos”.

La oficina jurídica de la Presidencia, también entregó como argumentos para objetar esta ley que “excluye del régimen tarifario de los servicios públicos los costos reales en los que incurren las empresas por tales conceptos, y que vulnera el artículo 367 de la Constitución Política el cual dice que la ley determinará las entidades competentes para fijar las tarifas”.

Mientras el Gobierno aseguró que las empresas “sí incurren en gastos cuando se ven en gastos operativos, técnicos y administrativos cuando se ven abocadas a efectuar la reconexión o la reinstalación del servicio como consecuencia del corte o suspensión del mismo por una razón imputable al usuario o suscriptor, como lo es la mora en el pago”; congresistas como Lidio García reiteran que el cobro por reconexión se ha convertido en una “gran negocio” para las empresas de servicios públicos y que por este concepto se mueven más de $100 mil millones al año. Ya no es solo pagar por el servicio sino cortar para que la gente pague la reconexión. Es una ley para los más pobres y es una mala jugada la que hace el presidente Santos”, dijo.

“Hemos dado un paso definitivo en la batalla que tenemos para que nuestros compatriotas no sigan siendo víctimas de la posición dominante y abusiva de las empresas de servicios públicos domiciliarios, se espera que millones de familias de los estratos más vulnerables disfruten de este beneficio”, afirmó el congresista García Turbay.

Ya existe una campaña para no votar las objeciones en el Congreso una vez lleguen el próximo 16 de marzo, y entonces será la Corte Constitucional la que tendrá la última palabra sobre la supuesta inconstitucionalidad que arguyó el gobierno para devolverla, confirmó el senador José David Name, del partido de la U. Esto significa que el Congreso decidirá si acepta o no las objeciones del presidente; en caso que no las acepte, esta ley pasará a revisión de la Corte Constitucional, pero en caso de que sí lo haga, se hundiría.

Por el momento los hogares de estratos 1, 2 y 3 deberán seguir pagando por la reconexión de los servicios públicos.