El Consejo de Política Económica y Social, CONPES, dio luz verde a la política para la prevención del embarazo adolescente.

“Con ello, el Gobierno busca avanzar en una de las metas del milenio, cambiando la perspectiva a la problemática del embarazo adolescente, llevándolo más allá de un tema de salud y tratándolo como un problema social, que además es una trampa de pobreza”, sostuvo la Alta Consejera Presidencial para la Equidad de la Mujer, Cristina Plazas, quien deberá coordinar a todas las entidades involucradas para la implementación general de la estrategia.

El documento CONPES establece un gran esfuerzo intersectorial de prevención del embarazo adolescente, en el que intervienen al menos cinco ministerios (Salud, Educación, Cultura, Tics y Defensa), la Presidencia de la República con Acción Social  y la Alta Consejería para la Mujer, así como el Sena, el ICBF y Colombia Joven.

Esta nueva estrategia tiene cuatro ejes estratégicos: intersectorialidad; la intervención en desarrollo humano y de proyecto de vida de los adolescentes, la oferta de servicios en seguridad sexual y reproductiva, y derechos sexuales y reproductivos, así como el seguimiento y análisis de la evolución de la problemática, con lo que esperamos tener un mayor impacto y generar un cambio social de trascendencia”.

“Desde esta perspectiva se trabajará en  disminuir la deserción escolar; desarrollar actividades para el manejo del tiempo libre de los jóvenes; servicios de salud y educación sexual enfocado especialmente; protección y apoyo a los padres menores de 14 años, y el fortalecimiento del desarrollo humano y los proyectos de vida de los adolescentes”, explicó Cristina Plazas.

“El CONPES contempla la implementación de una fase inicial, a manera de piloto, en 191 municipios, donde se incluirá a toda la población de niños, niñas y adolescentes de 6 a 19 años, con o sin embarazo, a sus familias, agentes educadores, escuelas, servicios de salud, autoridades locales, iglesias, redes juveniles y comunitarias, medios y escenarios de comunicación, y demás instituciones del sector público y privado que tengan incidencia en los servicios y actitudes frente al embarazo en la adolescencia dirigidos a esta población, dentro de la dinámica de la promoción y la garantía de sus derechos sexuales y reproductivos o de la creación de opciones de vida. Esto se ampliará gradualmente a todo el territorio nacional”.

La estrategia

•       Busca la integralidad a través del desarrollo de cuatro ejes estratégicos: el fortalecimiento de la intersectorialidad; la promoción del desarrollo humano y los proyectos de vida de niños, niñas, adolescentes de los 6 a los 19 años; la consolidación de la oferta de servicios en Salud Sexual y Reproductiva (SSR), incluidos los de atención en SSR, la educación y formación de competencias en Derechos Sexuales y Reproductivos (DSR); el monitoreo, el seguimiento y la evaluación de las acciones que fortalezcan  la prevención y reducción del embarazo en la adolescencia y contribuyan al mejor conocimiento en el tema.

•       Tendrá en cuenta tres niveles: individual, familiar y comunitario, considerando la necesidad de impactar en los diferentes determinantes del problema.

•       Los programas que se desarrollan en la estrategia se dirigen principalmente a: los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de 6 a 19 años de las áreas urbana y rural, sus familias, grupos y entornos en los que se desenvuelven, los agentes educativos, las redes sociales de jóvenes y las comunitarias, los miembros de las Fuerzas Militares y de Policía, las entidades territoriales, los medios de comunicación y de movilización social, así como las poblaciones vulnerables vinculadas a la Red Unidos, De Cero a Siempre, Familias en Acción y los programas de protección del ICBF.

“Esta es la concreción del compromiso del Presidente Juan Manuel Santos, quien es un convencido de que ‘el mayor tesoro que tiene un joven es su planeación del futuro’ y en ese aspecto estamos trabajando”, sostuvo Plazas.