Se llevó a cabo la mesa de trabajo por los menores de edad víctimas de pólvora y balas ‘perdidas’, convocada por la Procuraduría General de la Nación a través de la Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia, Ilva Myriam Hoyos Castañeda.

Se concluyó que las autoridades deben tener mayor coordinación interinstitucional para conocer y actualizar la información sobre lesionados por uso ilícito de pólvora y balas ‘perdidas’, hay que avanzar en las investigaciones y adelantar los procesos de restablecimiento de derechos de los niños y niñas víctimas en estos hechos.

Durante la reunión, a la cual asistieron de veinte entidades oficiales, se reconocieron limitaciones para el registro y oportuna identificación de este tipo de hechos; al respecto la Fiscalía General de la Nación y el Instituto Nacional de Medicina Legal anunciaron reformas a sus sistemas de información, atendiendo los requerimientos realizados por la Procuraduría.

Por su parte, el Ministerio de la Protección Social anunció que hasta la fecha y hora de la reunión se registraban 537 casos de personas lesionadas por uso de pólvora; de ellos 266 son menores de edad.

Al respecto, la Procuraduría señaló la importancia del constante reporte de esta información por parte del Ministerio al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), a la Policía Nacional y a la Fiscalía General de la Nación, para que cada entidad inicie las acciones pertinentes desde su competencia.

Se solicitó puntualmente al ICBF iniciar los procesos de restablecimiento de derechos en la totalidad de los casos de niños lesionados con pólvora en el país, y se comprometió a gestionar ante las Comisarías de Familia de todo el territorio nacional las acciones de su competencia.

Varias autoridades coincidieron en la necesidad de actualizar la legislación en materia de controles y restricciones a la fabricación y uso de la pólvora, e incluso se planteó la importancia de que sean los gobernadores quienes reciban la competencia de estos controles en sus regiones.

Se presentó la experiencia de la Gobernación de Cundinamarca que, a través decretos departamentales y con base en la información de la red de hospitales sobre atención a niños quemados por uso ilícito de pólvora, presentará las denuncias penales correspondientes.

En materia de menores lesionados por balas ‘perdidas’, se planteó la importancia de actualizar los registros de quienes tienen armas con salvoconducto, así como de restringir el uso y porte de armas durante las festividades o periodos considerados críticos en las diferentes regiones del país, facultad que por ley tienen los gobernadores.

De otra parte, se planteó la gravedad del fenómeno de accidentes domiciliarios con armas que son manipuladas por menores de edad: Según la Policía Nacional durante el 2010 se registraron 58 casos, 24 de ellos con la muerte de la víctima del disparo no intencionado.

Se fortalecerán las campañas pedagógicas tanto en materia de uso de pólvora como en el de porte de armas y se recomendó la implementación de las mismas con un carácter más permanente y no sólo para períodos críticos de accidentalidad.