El Secretario de Salud de Bogotá, Héctor Zambrano, confirmó que los decretos de Emergencia Social afectan las finanzas del Distrito, ya que determinan que las EPS sólo pueden contratar hasta en el 60 por ciento de los servicios con la Red Pública de Hospitales.
 
Otro punto que inquieta al funcionario, es que las actividades de prevención y promoción en salud estarán a cargo de las IPS privadas, “quienes podrán ahorrar recursos en la materia en detrimento de la calidad de vida de la gente. Estas actividades deben estar a cargo exclusivamente del Estado”, señaló Zambrano.
 
Para el coordinador del programa Bogotá Cómo Vamos, Carlos Córdoba, no hay información verídica sobre los beneficios e impactos de la Emergencia Social. “Parece que son diferentes las explicaciones brindadas por el Gobierno Nacional sobre el tema y lo que verdaderamente contienen los decretos en letra menuda”.
 
Aunque Córdoba resaltó el hecho de que el 8 por ciento de la tarifa de las cervezas se destinará a financiar la atención en salud y el aumento en el monto del SOAT, mostró su preocupación con respecto a que los ciudadanos tendrán que gastar los recursos de las cesantías y de las pensiones voluntarias para pagar tratamientos médicos.
 
“La falta de reglas claras puede llevar a las parálisis en la atención de los usuarios por miedo a sanciones. Es necesario que el nuevo plan de salud se estructure sin reducir los servicios que ya contiene. Aún no es claro de dónde saldrán los recursos para unificar, nivelar y sostener en el tiempo ese nuevo POS; ni cómo será el sistema de copagos”, resaltó Córdoba. 
 
Los decretos afectan a todos
De acuerdo con Jaime Cardona, asesor de la facultad de medicina de la Universidad Nacional, los decretos de Emergencia Social van en contra de la Constitución Nacional de Colombia en lo que respecta la solidaridad y la dignidad humana. Aseguró que “no se sabe si lo que se está haciendo es regular o restringir el ejercicio del derecho a la salud que es fundamental en términos de calidad de vida”.
 
Por otro lado, el Director del Hospital San Ignacio, Julio César Castellanos, no entiende por qué el Gobierno Nacional decidió homogenizar las medidas de salud, cuando todas las regiones de Colombia presentan perfiles epidemiológicos diferentes. “Los decretos causan traumatismos en ciudades como Bogotá que tienen autonomía en la presentación del servicio de salud”, concluyó.
 
Como retos para hacerle frente a la Emergencia Social, la Secretaría de Salud piensa unificar el Plan Obligatorio de Salud Subsidiado y el Plan Obligatorio de Salud contributivo, tanto económicamente para su financiación, como en infraestructura. Asimismo, los servicios seguirán siendo gratuitos para la población menor de 5 años, mayores de 65 y en condición de discapacidad severa en los niveles I y II del sisbén.