Durante años se nos ha vendido el discurso oficial de que la instalación masiva de cámaras de fotodetección conocidas como “salvavidas” y que dispositivos tecnológicos son la solución para frenar la accidentalidad en la capital del país.

Sin embargo, de acuerdo a información de la misma Secretaría Distrital de Movilidad se encuentra un panorama más que indignante. Este es un sistema que es financiado por los contribuyentes bogotanos para que estos mismos sean sancionados y cuyos recursos de semaforización se desvían para sostener una maquinaria recaudadora voraz en manos de aliados como la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá.

El monumental costo que pagan los bogotanos

La chequera del Distrito no escatima en recursos para exprimir al ciudadano. Según los datos oficiales la inversión inicial para implementar las nuevas cámaras salvavidas que entran en operación en pocos días arrancó con el Convenio Interadministrativo Marco de Cooperación 1029 de 2010 y su otrosí 6, por la escandalosa suma de ($39.358.041.806) treinta y nueve mil trescientos cincuenta y ocho millones cuarenta y un mil ochocientos seis pesos, lo que equivale a señalar que la instalación de cada una de estas nos cuesta a los bogotanos dos mil ciento ochenta y seis millones quinientos cincuenta y siete mil ochocientos setenta y ocho pesos ($2.186.557.878).

Pero este valor, lejos de detenerse, continuará creciendo con el convenio marco nro. 2237 de 2021, bajo el cual opera actualmente el anexo derivado 2025-3230.

Este especifica que mantener este aparato represivo cuesta mensualmente una fortuna cargada a los hombros de los ciudadanos: $87.910.000 para el mantenimiento en vía de dos cuadrillas de equipos, $67.418.485 para la operación de equipos, la astronómica cifra de $150.935.876 para la Central de Procesamiento de Infracciones de Tránsito, $21.980.724 en servicios de nube pública y administración, y $130 millones mensuales por consumo medio de consultas al RUNT.

Por si fuera poco, en la vigencia 2024 se suscribió el contrato 2024-3644 por un valor de diecinueve mil quinientos ochenta y seis millones novecientos noventa y cinco mil setecientos setenta y ocho pesos ($19.586.995.778) para expandir este sistema. Y todo esto se sufraga con cargo a los recursos de semaforización del presupuesto de inversión distrital. En pocas palabras, el dinero destinado a ordenar los semáforos de la ciudad termina financiando un sistema implacable de multas.

El argumento oficial ha sido siempre la protección de la vida humana. Pero el punto más alarmante e inaceptable de la respuesta institucional radica en la respuesta a la pregunta sobre cuántos siniestros viales tuvieron como causa o factor asociado el exceso de velocidad en los nuevos puntos monitoreados, se muestra que según el Sistema de Información Geográfico de Accidente de Tránsito – SIGAT en un radio de 100 metros de los puntos evaluados entre 2024 y julio de 2026, «no se encontraron registros que cumplan con los criterios de búsqueda establecidos» para la hipótesis de exceso de velocidad.

La entidad se escuda en las limitaciones técnicas del informe policial de accidente de tránsito para justificar la nula frecuencia del código 116 (exceso de velocidad), admitiendo que la velocidad no puede medirse post-siniestro y que el testimonio subjetivo carece de valor probatorio técnico. Curiosamente, mientras el exceso de velocidad brilla por su ausencia en los reportes de causalidad directa, las cámaras continúan y emitirán comparendos masivos bajo interpretaciones de convenios y autorizaciones de la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

¿Con qué sustento técnico se imponen entonces millonarias sanciones si la misma base de datos oficial admite que no hay registros que vinculen el exceso de velocidad con los siniestros en esos puntos? Pretender justificarlo apelando a la física y a la energía cinética es una salida “fácil” por parte de una burocracia incapaz de probar empíricamente sus afirmaciones en el terreno de los hechos. La sanción masiva se convierte así en una patente de corso para esquilmar al conductor.

Radiografía de los corredores vigilados

Para entender la magnitud del problema, es imperioso revisar el comportamiento real de los accidentes con lesionados y fallecidos en los puntos consultados (con corte al 31 de julio de 2026), tal y como fueron entregados por la entidad.

Asimismo, los comparendos impuestos en estos corredores durante los años 2025 y 2026 se concentran abrumadoramente en el corredor de la Avenida Ciudad de Cali con Avenida Suba (Sentido Sur-Norte), donde se registraron 333 órdenes de comparendo, destacándose la infracción C29 (conducir un vehículo a velocidad superior a la máxima) con 294 casos —18 en automóviles y 186 en motocicletas—, evidenciando que el rigor sancionatorio recae altamente sobre los motociclistas.

La postura del gobierno nacional

Ante este panorama de abusos sistémicos y la entrada en vigencia de estas nuevas cámaras en la ciudad, el posicionamiento y las directrices impartidas por el presidente Abelardo De la Espriella cobran una vigencia imperativa y urgente. El primer mandatario ha ordenado una revisión implacable y exhaustiva de las cámaras de fotodetección en todo el territorio nacional, incluido Bogotá, exigiendo poner fin a los abusos contra los conductores. “Ya está bueno de tantos abusos”, dijo.

El presidente ha sido enfático en señalar que el Estado está para servir al ciudadano y no para saquearlo bajo fachadas tecnológicas. Su directriz al Ministerio de es clara: intervenir de manera contundente ante esquemas estructurados con fines meramente recaudatorios auditar la legalidad de la operación en cada punto y garantizar que las cámaras cumplan estrictamente con su fin primario y no funcionar como cajas registradoras a costa del patrimonio familiar.

Finalmente, queda claro que Bogotá no puede seguir tolerando un modelo de control vial confiscatorio que exprime los bolsillos de los ciudadanos con dineros públicos de semaforización, mientras la propia administración reconoce la ausencia de nexos técnicos entre el exceso de velocidad y la accidentalidad en estos puntos. Es hora de devolverle la dignidad y la justicia al conductor colombiano.

En contraste con ello y según lo denunciado en el Concejo de la ciudad, el 27,45 % de las cámaras  de seguridad de la ciudad están dañadas, es decir, 1 599 de ellas. Kennedy, Bosa y Ciudad Bolívar concentran el mayor número de estas afectaciones.