En Bogotá, el debate sobre TransMilenio suele centrarse en la evasión que se registra al momento de abordar el sistema, el aumento del pasaje o la falta de infraestructura. Sin embargo, hay una contradicción más profunda que golpea directamente la confianza del usuario y es que mientras el sistema invierte más de 72 mil 542 millones de pesos en vigilancia privada, mantiene esquemas de cobro desiguales que permiten que, en la práctica, no todos paguen por el mismo servicio .

El dato no es menor. El contrato vigente de seguridad cubre estaciones, portales, patios y servicios antievasión con personal que, según la propia entidad, «cumple funciones preventivas y disuasivas», sin capacidad real de control coercitivo. Es decir, una inversión multimillonaria en un modelo que depende más de la persuasión que de la corrección efectiva del problema.

Al mismo tiempo, la empresa reconoce que el sistema opera con diferencias en el cobro del pasaje en y el componente alimentador y en algunas estaciones intermedias. En ciertos casos, el usuario paga al ingresar al portal; en otros, debe pagar al abordar el bus en su barrio. Y en algunos trayectos, simplemente no hay cobro en ese punto lo que claramente es discriminatorio y no igualitario para todos los usuarios, tema que aunque la empresa niega, evidentemente existe.

La explicación oficial apunta a “condiciones contractuales y operativas” derivadas de la evolución del sistema. Pero para el usuario de a pie, la experiencia es otra: rutas similares, en zonas comparables, con reglas distintas. Un sistema integrado que, en la práctica, no opera bajo un criterio uniforme de acceso ni de pago.

El problema no es solo técnico, es estructural. Mientras se despliegan estrategias antievasión con cámaras, comparendos y escuadras móviles, el propio diseño operativo abre grietas que hacen imposible un control coherente. En 2024 se impusieron más de 207 mil comparendos por evasión y en 2025 más de 171 mil , pero el fenómeno persiste, alimentado por inconsistencias que el sistema no ha resuelto.

A esto se suma el aumento del pasaje en $350 pesos en 2026, que hoy representa ingresos adicionales cercanos a $5.772 millones semanales. El usuario paga más, pero sigue enfrentando un sistema donde las reglas cambian según la estación, el contrato o la fase de implementación.

El resultado es un escenario difícil de defender: una ciudad que financia vigilancia masiva para contener la evasión, mientras mantiene condiciones que la facilitan o, al menos, la vuelven ambigua.

El verdadero problema no es solo quién evade. Es que el sistema, tal como está diseñado, no garantiza que todos tengan que pagar bajo las mismas condiciones. Y en un servicio público masivo, esa diferencia no es menor ya que se marca como el punto de origen de la desconfianza.