Oficialmente ante la Registraduría Distrital se radicó la solicitud de revocatoria del alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, por parte de un grupo de ciudadanos miembros de movimientos sociales y sindicatos. Problemas en salud, educación, inseguridad, movilidad, uso del espacio público en la capital del país, y despidos masivos son entre otros los argumentos expuestos.

Se han inscrito cuatro comités para revocar al alcalde Enrique Peñalosa, y uno de ellos llamado “Por una Bogotá Mejor sin Peñalosa”, afirma que el alcalde está privatizando la salud, que no ha iniciado la construcción del metro, ni subterráneo ni elevado, y su afirmación que “la llamada reserva forestal Thomas van der Hammen es un potrero que no tiene árboles, que de las 1.400 hectáreas solo hay como seis o siete que tienen árboles, de resto lo que hay son invernaderos, hay pasto con vacas, hay barrios, hay fábricas, hay universidades”

Por su parte, el grupo “Unidos Revocamos a Peñalosa”, integrado por diferentes organizaciones y liderado por el Sindicato de Trabajadores de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (Sintrateléfonos), dice que existe “una insatisfacción en la ciudadanía en contra de las principales iniciativas del gobierno del alcalde».

Vale recordar que nunca una revocatoria de alcalde ha prosperado en Bogotá por varias razones:
1. No se recolectan las firmas necesarias.
2. No se consigue el número de votos requeridos.
3. Cuando se aprueba la revocatoria ya queda poco tiempo para el mandatario local o departamental termine sus funciones.
4. Los mismos promotores deciden renunciar a la iniciativa.

Administración distrital se defiende

El gobierno de Enrique Peñalosa ha dicho a sus contradictores y a la ciudadanía, que ha logrado cosas importantes para la ciudad como la intervención del Bronx, la recuperación de la seguridad, la creación de la Empresa Metro, la reparación completa de la malla vial de la Avenida Boyacá, la construcción de 30 colegios nuevos y seis hospitales, así como 64 parques y 100 canchas de fútbol de pasto sintético. Desde la alcaldía informan que se redujo considerablemente el hacinamiento en los hospitales, regresó la cultura ciudadana a las calles de la ciudad, gracias al trabajo en equipo con el exalcalde Antanas Mockus y se empieza a recuperar el orgullo y el amor por Bogotá. Ya está lista una inversión por casi 250.000 millones de pesos para los diseños de las grandes obras de infraestructura que le cambiarán la cara a la ciudad, entre ellas ampliación de vías, troncales de TransMilenio, como la carrera 7a., parques lineales y regionales y un espectacular sendero ecológico en los cerros orientales.

¿Qué sigue en el proceso revocatorio?

La Registraduría Distrital tendrá 15 días para emitir el formato de recolección de las firmas que respaldarán el pedido de revocatoria. Los promotores tienen seis meses para presentar, al menos, el respaldo de un número de ciudadanos inscritos en el censo electoral de Bogotá equivalentes al 30 % de la votación que obtuvo Peñalosa cuando ganó las elecciones en octubre de 2015. El alcalde fue elegido exactamente con 906.058 votos. Los promotores, entonces, deberán presentar en julio, como mínimo, 271.818 firmas válidas.

¿Cuántos votos se necesitan para revocar a Enrique Peñalosa?

Para que la revocatoria sea efectiva se requiere que el 40 % de las 2.729.902 que votaron en la elección para la alcaldía de Bogotá acudan a las urnas. La Ley de participación ciudadana (1757 de 2015) establece que en las urnas deberá depositarse, como mínimo, el 40 % de los votos válidos registrados el día en que fue elegido Peñalosa. Eso es 1’092.229 personas, independientemente del sentido de su voto. El alcalde será revocado si vota a favor la mitad más uno: 546.116.

¿Cuánto cuesta elegir nuevo alcalde de Bogotá?

Para la jornada revocatoria se instalarían 13.281 mesas de votación en toda la capital del país y el potencial de sufragantes será de 5.453.086. Para esa logística se requieren 45 mil millones de pesos y en caso de convocar elecciones para elegir nuevo alcalde habrá que invertir otra suma igual, razón por la cual los dos procesos costarían a los bogotanos 90 mil millones de pesos.