Las entidades del Estado, usadas como fortín político de algunos funcionarios, siguen siendo las que acaparan hechos de corrupción en el país y en este sentido, la educación no se escapa a la mala gestión. Ante la premisa del presidente de la República Juan Manuel Santos de mejorar la calidad y niveles de educación en el país, el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación ICFES, parece no comulgar con los deseos del primer mandatario en materia de equidad y educación.

El escándalo empezó con las fallas en la plataforma Prisma, instaurada por el ICFES para llevar a cabo la inscripción de estudiantes a las pruebas Saber PRO 2016. Inicialmente 1125 estudiantes de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, manifestaron que no se pudieron inscribir al examen a llevarse a cabo el 20 de noviembre y ni su directora Ximena Dueñas o la secretaría Jurídica María Sofía Arango, funcionaria que llegó a la entidad por su cercanía y amistad con la ex ministra de educación Gina Parody, han respondido a los educandos ni medios de comunicación.

Ante esta denuncia fueron apareciendo estudiantes de otras instituciones universitarias como Uniminuto, Distrital, Unipanamericana, Nacional, Andes, Sabana, ECCI, Santo Tomas, entre muchas más… en total fueron 125 instituciones universitarias y universidades las que tuvieron inconvenientes con la inscripción de sus estudiantes y más de 3 mil los afectados tal y como lo reconoció de manera parcial el ICFES en el listado publicado en su página web el 24 de octubre de 2016 mediante la Resolución 760 de 2016.

Este hecho permitió conocer que más de 15 mil estudiantes del SENA presentaban el mismo problema y la entidad estatal amplió el plazo de inscripción hasta el 3 de noviembre, únicamente para los que incluyeron en su listado, dejando otros cientos más fuera de la misma, señalando que habían devuelto el dinero a las universidades cuando las suficientes pruebas de las universidades demuestran lo contrario y en el comunicado publicado el 13 de octubre señalaban que para este tipo de recaudos no había devolución de dinero. Aún así, estos futuros profesionales deberán esperan un año más para volverse intentar inscribir.

Muchos de los que si lograron inscribirse y a quienes les llegaría la citación el 4 de noviembre, vieron como la misma no llegaba y al indagar en la página web de la institución, no aparecen inscritos habiéndose hecho de manera normal.

Contratos
El 31 de octubre de 2014, la entidad firmó un contrato con la empresa PROMOTORA DE COMERCIO INMOBILIARIO S.A. PROCOMERCIO S.A. cuyo representante legal es GIOVANNI MAURICIO VARGAS URIBE para tomar en arriendo los pisos 25 al 32 en el Edificio San Martín (CR. 7 No. 32 — 12) . El presente contrato tiene fecha de inicio del 16 de febrero de 2014 y una vigencia de 24 meses con terminación el 15 de febrero de 2017,  por un valor total de NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL PESOS ($9.987.840.000) más IVA discriminados en valores mensuales de CUATROCIENTOS DIECISÉIS MILLONES CIENTO SESENTA MIL PESOS ($ 416.170.000) más IVA. Asimismo, el ICFES se compromete a pagar el valor de la administración de las oficinas por Setecientos veintinueve millones veinticuatro mil pesos ($729.024.000).

En la cláusula 9 del mismo se señala que: «Para efectos fiscales y legales el presente contrato de arrendamiento tendrá un plazo de duración de veinticuatro (24) meses contados a partir del 1 de noviembre de 2014 hasta el 30 de octubre de 2016«. No es claro el por qué un contrato que inicia el 16 de febrero de 2016 se empiece a ejecutar desde el 1 de noviembre de 2015 cuando se empieza a usufructuar a partir del mes de abril de 2015, fecha en que se realizó el trasteo de la sede principal de la entidad ubicado en la Calle 17 No. 3-40 como lo evidencia el contrato firmado con la empresa Rojas Trasteos Servicios S.A., por un valor de CIENTO VEINTICINCO MILLONES CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL DOCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS (125.417.251) y uno adicional con la misma empresa el 20 de mayo de 2015 por NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS MCTE ($9.495.960).

En este orden de ideas, los MIL DOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES TRECIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS PESOS ($1.269.318.500) pertenecientes a tres meses y 15 días y que aparentemente se pagaron a partir del 1 de noviembre de 2015 o hasta la fecha que inicia oficialmente el contrato ¿a qué bolsillo fueron a parar?

En este momento (4 de noviembre), una de las más importantes entidades del Estado, en materia educativa, se encuentra sin oficina, sin que nadie responda sus líneas telefónicas y sus funcionarios oficiales, más de 150, no tienen desde donde despachar lo que significa una flagrante violación a sus funciones.

El Instituto publicó en su página web dos informaciones las que se contradicen entre sí. En la Resolución 000762 señalan: «Que el cambio de sede de las oficinas del Instituto Colombiano para la Educación -ICFES- se llevará a cabo desde el próximo 28 de octubre de 2016, a la Avenida la Esperanza (Calle 24) No. 60-50 Edificio Gran Estación 2, piso 6 de la ciudad de Bogotá«.  Luego en la sección de noticias y comunicados de prensa señalan:

«1. Que el ICFES no ha adquirido ningún inmueble en el Centro Empresarial Gran Estación.

2. Que durante los últimos meses se adelantaron conversaciones para la compra del piso 4 y posteriormente para el arriendo del piso 6 en el Centro Empresarial Gran Estación.

3. Que por circunstancias legales que desconoce el ICFES, el inmueble no puede darse en arriendo y así se le comunicó a la Entidad el pasado viernes 28 de octubre«.

¿Cuál de las dos comunicaciones es la verdadera y por qué se contradicen de igual manera?. Lo que sí es claro es que en la sede que venían ocupando en el Edificio San Martín (Cra. 7 No. 32 — 12) nadie está atendiendo como lo corroboró un periodista de este medio de manera personal el día jueves 3 de noviembre de 2016.

Una fuente de alta fidelidad que labora dentro del ICFES, señaló que en este momento todos los empleados están en sus casas porque no tienen dónde atender y que el martes 8 de noviembre cuando aparentemente regresarán a sus puestos de trabajo, a la fecha, no tienen aún a donde llegar.

Si se radican tutelas, derechos de petición, reclamaciones o similares, como evidentemente viene pasando con los estudiantes universitarios que ven truncado el recibir su título profesional en el 2017 debido a las fallas de la plataforma Prisma, ¿quién contestará estas acciones judiciales y a qué dirección se notificará a la entidad si no tiene un espacio físico donde esté atendiendo?

Mientras tanto la sede de propiedad del Estado, donde funcionó la entidad hasta hace menos de dos años, sigue abandonada y a expensas de los habitantes de calle convirtiéndose en una olla de drogas donde duermen algunos de los pobladores de las calles como lo documentó El Tiempo el 8 de diciembre de 2015. Después de más de un año de estar vacío, en agosto de 2016, la entidad publicó los pliegos para hacer el estudio técnico de “interventoría técnica, administrativa, contable, legal y financiera de las obras de reforzamiento estructural del edificio» a través de la Resolución No. 570 del 05 de agosto de 2016 después de llevado a cabo el proceso, se debe esperar por lo menos 2 años más para la realización del reforzamiento estructural. Mientras tanto la entidad sigue errante por la ciudad pagando costosos arriendos, traslados y los estudiantes universitarios esperando que un funcionario de la entidad ponga la cara y emita alguna respuesta que solucione su problema.

Próxima entrega: Demandas, nuevos contratos y despidos injustificados