El gerente administrativo del Fondo de Seguridad y Vigilancia, Jairo Osorio, habló del escándalo que se ha destapado por la adquisición de las 20 cámaras biométricas de reconocimiento facial, por un valor de 7.753 millones de pesos, lo que querría decir que cada una costó algo más de 387 millones de pesos, pese a que en el mercado se consiguen en unos 9 millones de pesos, cada una.

Aparte del elevadísimo costo de las cámaras; adquiridas por el anterior gerente del Fondo, Máximo Noriega, los problemas continúan ya que los dispositivos no dejan registro archivado de lo que muestran. “En el centro de monitoreo no hay grabación de lo que se está mirando con esas cámaras, usted ve en tiempo real lo que está sucediendo pero no hay posibilidad de hacer la grabación ni hay la conectividad directa”, explicó Osorio, en entrevista con Blu Radio.

El gerente administrativo advirtió que ya se pagó el 80 por ciento del convenio, de un total de 7.753 millones de pesos, “y las cámaras no solo no están funcionando sino que en el almacén del Fondo de Vigilancia no las podemos recibir porque no tenemos quién las reciba ya que las cámaras están instaladas; La Policía no las recibe porque no tienen conectividad, es decir que no va a ninguna agencia de despacho”. El alcalde Petro no se ha referido al tema.

Osorio explicó que el Fondo suscribió el convenio con TransMilenio y luego otro con una firma llamada Emtel, prestadora de servicios públicos en Popayán, y ésta última fue la ganadora del contrato, pero luego sub contrató con otra “que se llama Inversiones Tecnológicas de América S.A., pues no tenía las competencias funcionales para cumplir con lo que se había comprometido y tuvo que necesariamente salir a sub contratar y eso no es otra cosa diferente a la licitación pública”.

Las cámaras se instalaron en sectores como la calle 39 con carrera séptima, calle 18 con carrera 15, calle 72 con avenida Caracas, San Victorino, y en varias estaciones de TransMilenio: Héroes, Ricaurte y Jiménez, lo mismo que el Portal de las Américas.

La idea de la administración Petro es masificar estas cámaras, y el Fondo de Seguridad afirmó que ellos financiarían la primera y segunda fase, pero que no tenían los fondos suficientes para cubrir la ciudad; por lo que requerían el concurso del Gobierno Nacional a  través del Ministerio del Interior.