La Secretaría de Integración Social del Distrito atraviesa una crisis interna que se ve reflejada en las políticas que implementa en la comunidad. La población más vulnerable de Bogotá está expuesta a la mala administración , son los niños, niñas y adultos mayores los que hoy no reciben seguridad alimentaria en cambio los grandes monopolios se benefician contractualmente pero generan hambre en los más pobres. El concejal Hosman Martínez tiene un decálogo de argumentos.

Las razones para promover dicha moción se basan en los pobres resultados de la Secretaría Distrital de Integración Social, los cuales han sido evidenciados en los siguientes hechos.

1. El cierre de 173 comedores de los Fondos de Desarrollo Local – FDL, vulneró el derecho a la seguridad alimentaria a casi 43 mil personas, de las cuales el 79% corresponde a menores de 0 a 17 años.

2. 3 mil nuevos desempleados por esta medida, corresponden a más de mil operarios, 78 focalizadores, 280 administrativos, 100 proveedores, 100 interventores y quedan a la deriva 1.500 empleos indirectos, todos ellos relevantes para la atención integral a la población vulnerable de Bogotá.

3. Retraso de hasta 2 meses en la entrega de canasta alimentaria a la población vulnerable. Canastas que solo alcanzan a cubrir la alimentación de 15 días y no contienen proteínas, verduras ni vegetales.

4. El cierre de 33 casas vecinales y jardines infantiles, dejando como resultado 11.182 niños y niñas y 1.053 mujeres desempleadas

5. El Plan Distrital de Desarrollo, pretende realizar la construcción de 595 jardines infantiles y la adecuación y dotación de otros 241, sin que a la fecha se haya puesto el primer ladrillo de algún jardín.

6. La Cooperativa Multiactiva Surcolombiana de Inversiones ejecuta dos de los contratos de mayor presupuesto de la Secretaría Distrital de Integración Social ,por el monto de 25.970 millones de pesos. Empresa que había sido denunciada por “corrupción” en el informe de contratación en Bogotá durante el 2010 por el Alcalde Mayor de Bogotá, Gustavo Petro. A lo anterior, se suma la contratación con el consorcio Alimentando Capacidades 2013, el cual no ha cumplido con la entrega de comidas en cantidades y calidades necesarias.

7. La población en condición de discapacidad también se vio afectada con las malas decisiones a pesar de existir un presupuesto estipulado, durante más de 10 meses el Centro Crecer de Engativá para niños en condición de discapacidad dejo de brindar atención por falta de un predio, ocasionando el traslado de los niños a Fontibón, lugar donde se generó hacinamiento, reducción de 11 a 2 profesionales, 572 horas de aprendizaje perdidas y la totalidad del presupuesto no invertido.

8. La falta de interventoría del proyecto 730, la Universidad Nacional hasta el 15 de julio del presente año fue la encargada de vigilar y controlar de forma especializada, técnica, administrativa y financieramente los contratos y convenios suscritos a la Secretaría. Hoy, los recursos de seguridad alimentaria de (138 comedores comunitarios, bonos y canastas) no cuentan con un control para evitar la malversación de recursos.

9. Más de 7 mil millones de pesos adeuda la Secretaría Distrital de Integración Social a operadores que prestaron servicios. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia –UNAD- presento el informe de interventoría a la Secretaría hace un año y a la fecha más de 300 contratos no han sido liquidados y corren el riesgo de perder el dinero, al caer en la figura “Pérdida de Competencia”. La misma situación atraviesa la UNAD, entidad que demandó a la Secretaría por no recibir la totalidad de la deuda, la cual asciende a 800 mil millones. A pesar de haber presentado el informe final de Interventoría en septiembre del 2012.

10. Bogotá atraviesa una regresión en seguridad alimentaria, después de haber sido modelo al garantizar alimentación a la población más necesitada de la capital. Con la comida no se juega.