Este año entrarán en vigor dos nuevas normas por las que senadores y representantes dieron su voto de confianza a finales del 2012. Por un lado, se encuentra la ley que establece las medidas integrales de prevención, detección temprana y tratamiento del Virus de Papiloma Humano (VPH) para las niñas mayores de 9 años. Y por el otro, la ley de salud mental o ley esperanza, que busca garantizar la atención adecuada y efectiva de la población con trastornos mentales, así como la inclusión de nuevas actividades, procedimientos e intervenciones de salud mental en el plan de beneficios contributivo y subsidiado y en planes complementarios de salud.
En cuanto a la primera ley, la vacuna contra el VPH fue incluida en el esquema único de vacunación con lo cual se darán de manera gratuita a las niñas mayores de 9 años. Con la medida se busca reducir la morbilidad y mortalidad por cáncer de cuello uterino (CCU) en Colombia. Según el Instituto Nacional de Cancerología, entre el 2000 y el 2006 se presentaron 38.571 casos anuales de cáncer en mujeres. La tasa de incidencia para CCU fue de 36,4 casos nuevos por 100.000 mujeres, con cerca de 6.900 casos nuevos anuales; cifras que convierten a la enfermedad en la segunda causa de muerte por cáncer femenino en el país.
Jaime Duarte, subdirector médico de la Liga Colombiana contra el Cáncer, asegura que de forma particular la vacuna puede llegar a costar 105.000 pesos la dosis, “precio casi inasequible para las mujeres que hacen parte de los 15,2 millones de colombianos afectados por la pobreza”. Por lo cual llama la atención para que se complemente esta medida y así también se vean protegidas las mujeres adultas, especialmente las de regiones rurales y periféricas.
Por su parte, la ley de Salud Mental, sancionada el 21 de enero, busca atender adecuadamente a los pacientes con trastornos mentales y contrarrestar los altos costos que deben asumir al acudir a especialistas de forma particular, por la falta de médicos y la demora en obtener una consulta. Se estima que en Colombia solo existen 38 siquiatras especialistas en niños y adolescentes, es decir, 1,1 especialistas por cada uno de los 32 departamentos del país y que una consulta en una EPS puede tardar 30 días, razón por la cual los pacientes la solicitan de manera particular a costos que pueden estar entre 45.000 y 300.000 pesos. El gasto se incrementa aún más si se considera internar al paciente en una clínica, pues los precios oscilan entre 80.000 y 120.000 pesos por noche.
Además de la eliminación de las barreras de acceso a los servicios de salud mental en el marco del sistema de salud, la asesora de la Fundación Saldarriaga Concha y miembro del comité técnico del programa Así Vamos en Salud, Lina María González, resalta que “la ley contempla la creación de un sistema de atención integral con un énfasis en la promoción y prevención, y la participación de pacientes, cuidadores y sus organizaciones en la formulación de la política pública de salud mental”.
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