Un estudio de la Personería de Bogotá que encontró que más del 90% de la minería en Bogotá es ilegal y sólo ocho canteras tienen los documentos exigidos para su funcionamiento. De 108 empresas mineras que operan en Bogotá, 100 funcionan en la ilegalidad, pues 88 no tienen ningún papel soporte de su actividad y 12 los tienen incompletos.

El informe encontró que 12 firmas poseen título minero y ocho de ellas tienen algún instrumento de control, mientras que ocho empresas más, sin título para explotar, tienen aprobado un plan de manejo ambiental o de recuperación y restauración.

Las autoridades reportaron la existencia de 39 canteras en la Localidad de Usme, 28 en Ciudad Bolívar, 17 en Rafael Uribe Uribe, 13 en San Cristóbal, diez en Usaquén y una en Santa Fe.

Con la actividad minera se extraen materiales para su uso en la construcción con el fin de atender la demanda del Distrito Capital, pero dicha labor se realiza sin control y coordinación entre las autoridades locales y ambientales.

Sin control

La Personería revisó la situación concreta de las dos localidades reportadas con mayor número de empresas mineras. En Usme, de las 39 canteras, ocho tienen título minero, es decir, el 79,5% no cumple con ese requisito. De las mismas 39, únicamente cuatro tienen algún instrumento ambiental aprobado, de esa forma el 89,2% funciona en la ilegalidad. En Ciudad Bolívar de 28 canteras, dos tienen título minero y dos tienen un plan de manejo o de recuperación y restauración ambiental; en otras palabras, el 92,9% no cumple con las condiciones para funcionar legalmente.

La Personería descubrió que la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA), siendo la autoridad de vigilancia y control, no lleva a cabo un seguimiento continuo o sistemático de sus actuaciones, incurriendo en un desgaste administrativo.

Si bien se encontraron decisiones de suspensión de actividades de canteras por parte de la Secretaría de Ambiente, muchas veces las Alcaldías Locales no ejecutan la medida. En otras ocasiones, los sellos impuestos por las alcaldías para tal fin, son fácilmente removibles por el infractor evadiendo de esta manera la normativa.

Las alcaldías locales tampoco realizan seguimiento continuo o sistemático a las empresas, incumpliendo lo establecido en el Estatuto Orgánico de Bogotá, de esa forma permiten que las canteras funcionen de manera ilegal.

Se encontró que en muchos casos la Secretaría de Ambiente demora más de dos años en la revisión y aprobación de los instrumentos de control ambiental. Mientras tanto, las empresas continúan desarrollando sus actividades deteriorando de manera progresiva el entorno y dejando costosos pasivos ambientales al Distrito.

De acuerdo con el informe de la Personería, la mayoría de canteras son controladas por la Secretaría de Ambiente, pero otras, pese a estar en la ciudad, están bajo la jurisdicción del Ministerio de Ambiente y la CAR.

Explotación restringida

Una sentencia del Consejo de Estado del 23 de junio de 2010 estableció que en Bogotá sólo hay un lugar en el cual se puede desarrollar la minería. La decisión de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, declaró nula una parte de la Resolución 1197 de 2004 que autorizaba 14 polígonos de la Sabana de Bogotá para esa actividad, varias en áreas protegidas. Así dejó sin efecto la explotación en esas zonas que, sin embargo, eran consideradas compatibles con las actividades mineras.

El fallo dejó como única zona compatible con la minería en el Distrito la ubicada en el área rural de la Localidad de Ciudad Bolívar, adyacente a Soacha. Según lo anterior, los parques mineros industriales de Tunjuelo, Usme y El Mochuelo, no pueden seguir siendo explotados, ni en ninguna otra zona de la ciudad.

No obstante, la falta de coordinación entre las entidades encargadas de ejercer vigilancia y control permite de manera fáctica que exista y persista la actividad minera en seis localidades de Bogotá.

Destrucción

Las canteras afectan a más de 826.000 habitantes que viven en sus cercanías, por el alto grado de emisiones de partículas de polvo, combustibles tóxicos o inertes. Además, contaminan ríos, causan pérdida de la diversidad biológica y la fauna de la Sabana de Bogotá, genera cambios en el suelo, deslizamientos, hundimientos y formación de pantanos con el consecuente riesgo para miles de viviendas y la proliferación de agentes patógenos, zancudos y ratas.

No existe un plan para prevenir la amenaza por remoción en masa y las inundaciones causadas por la actividad minera. En otros casos, las canteras han sido utilizadas como escombreras sin ningún plan técnico ni ambiental, generando nuevas amenazas y riesgo para la comunidad.

La actividad minera privilegia unas pocas empresas en detrimento social y ambiental de toda la sociedad, siendo las más afectadas personas de escasos recursos ubicadas muy cerca de éstas.

El informe de la Personería indica que la explotación indiscriminada permite la pérdida de los ecosistemas sin la debida compensación; generando un pasivo ambiental irrecuperable, teniendo en cuenta que algunas empresas han sido ya abandonadas por sus propietarios.

El ente de control encontró que la explotación irracional, anti-técnica facilita la evasión en el pago de regalías al Estado por el aprovechamiento económico que obtiene de sus excavaciones. Además, no hay una metodología única o estandarizada para que cada empresa reporte los volúmenes de producción, situación que dificulta el seguimiento al monto de pago de regalías. Se descubrió, por ejemplo, que una empresa que opera en Bogotá paga las regalías en Soacha, pues allí también tenía un frente de trabajo que cerró, pero sigue pagando allí.

En conclusión, la política ambiental en Bogotá, en relación con la minería no es efectiva, ni eficiente, ni equitativa.